Presentes, fortalecidas, indignadas y dispuestas a insistir y persistir, deseamos nombrar la importancia y trascendencia de la decisión tomada por la corte constitucional recientemente.

En el Auto 092 de 2008, la Corte Constitucional adoptó “medidas comprehensivas para la protección de los derechos fundamentales de las mujeres desplazadas por el conflicto armado en el país y la prevención del impacto de género desproporcionado del conflicto y del desplazamiento forzado”; tales medidas consisten en ordenar al Gobierno la creación de trece programas específicos para colmar los vacíos existentes en la política pública para la atención del desplazamiento forzado desde la perspectiva de las mujeres, el establecimiento de dos presunciones constitucionales que amparan a las mujeres desplazadas - la presunción constitucional de vulnerabilidad acentuada, y la presunción constitucional de prórroga automática de la ayuda humanitaria de emergencia, la adopción de órdenes individuales de protección concreta para seiscientas (600) mujeres desplazadas en el país, y la comunicación al Fiscal General de la Nación de numerosos relatos de crímenes sexuales cometidos en el marco del conflicto armado interno.

En el ámbito de la prevención del desplazamiento forzoso y al identificar los riesgos de género en el conflicto armado colombiano, la Corte hace hincapié en el riesgo de violencia sexual, constatando la gravedad y generalización de esta situación.

La corte posee gran cantidad de información suministrada por las víctimas o por organizaciones que promueven sus derechos. Allí se muestra que la violencia sexual ha incluido de forma reiterada y sistemática: “la violación, la planificación reproductiva forzada, la esclavización y explotación sexuales, la prostitución forzada, el abuso sexual, la esclavización sexual por parte de los jefes o comandantes, el embarazo forzado, el aborto forzado y el contagio de infecciones de transmisión sexual; el sometimiento de las mujeres, jóvenes y niñas civiles a violaciones, abusos y acosos sexuales individuales o colectivos por parte de los miembros de los grupos armados que operan en su región con el propósito de obtener éstos su propio placer sexual; actos de violencia sexual contra las mujeres civiles que quebrantan con su comportamiento público o privado los códigos sociales de conducta impuestos de facto por los grupos armados al margen de la ley en amplias extensiones del territorio nacional; actos de violencia sexual contra mujeres que forman parte de organizaciones sociales, comunitarias o políticas o que se desempeñan como líderes o promotoras de derechos humanos, o contra mujeres miembros de sus familias, en tanto forma de retaliación, represión y silenciamiento de sus actividades por parte de los actores armados”.

Ante la atrocidad de estos hechos las mujeres nos hemos pronunciado una y otra vez, por eso traemos nuevamente palabras del Tribunal Simbólico de la Verdad realizado en  Medellín, en noviembre de 2007:

“Lo que le ha ocurrido a ellas tiene responsables, son los actores armados legales e ilegales que han convertido su cuerpo en un medio para humillar a otro, y son los otros que han dado al cuerpo de las mujeres un valor cosificado para que sirva como botín de guerra a los guerreros, y también para aquellos no armados, que justifican, avalan y patrocinan los medios para sus mezquinos fines de acumulación y poder.

Es un Estado que ha olvidado su “palabra”, que no cumple sus compromisos, lo que le ha ocurrido a las mujeres nunca debió pasar, alguien tenía que impedirlo, los que están en el poder político y económico, en el poder que les da la escuela, la religión, la palabra masculina, adulta y poderosa, ellos y ellas tenían que impedirlo y no lo hicieron...

...Las mismas causas generarán los mismos efectos, si el modelo no cambia... siempre los agresores se sentirán autorizados para abusar de las mujeres, utilizar sus cuerpos, golpear sus caras, acallar su palabra... ”

La decisión de la Corte Constitucional se suma a las tantas acciones que la sociedad colombiana deberá seguir realizando para restituir los derechos a las mujeres víctimas.

Para VAMOS MUJER,  las víctimas son el presupuesto ético con el que cuenta el movimiento de mujeres y de paz del país, en la búsqueda de caminos de memoria, verdad, justicia y reparación.

La vida, el cuerpo, los afectos de las mujeres no son botín de guerra ni territorio de violencias: ¡Paren la guerra ya!

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